Día Internacional de los Trabajadores

El 1 de mayo de 1886 obreros en Chicago, Estados Unidos, iniciaron una huelga en pos de la obtención de la jornada legal de trabajo de 8 horas diarias. Tres días después, en una manifestación pública se produjo un confuso incidente que derivó en el enjuiciamiento de ocho trabajadores: cinco de ellos fueron ahorcados el 11 de noviembre de 1887. En conmemoración, en julio de 1889 el primer congreso de partidos socialistas y laboristas de la llamada Segunda Internacional declaró el 1ro de mayo como el Día Internacional de los Trabajadores e hizo un llamado a amplificar la lucha para lograr en todo el mundo la jornada legal de 8 horas diarias de trabajo. Desde entonces, en casi todos los países del mundo se conmemora el Día Internacional de los Trabajadores cada 1ro de mayo. Llamativamente, en Estados Unidos no se conmemora el 1ro de mayo ni el Día Internacional de los Trabajadores: el primer lunes de septiembre se celebra el “Día del Trabajo”.

“La voz que vais a sofocar será más poderosa en el futuro” expresó Auguste Spies -uno de los ocho trabajadores enjuiciados- momentos antes de ser ahorcado. En efecto, fueron las permanentes y sucesivas luchas de los/as trabajadores/as las que hicieron posible la obtención de la jornada legal de trabajo de 8 horas diarias. En Estados Unidos, no sólo en Chicago sino a nivel nacional hubo sectores empresariales que a fines de mayo de 1886 accedieron a otorgar la jornada de 8 horas; en 1914 la Ford Motor Company lo estableció de buena gana para sus asalariados/as, decisión que fue imitada por otras empresas; a nivel estatal, en 1937 se terminó de estandarizar y regularizar la jornada legal de 8 horas de trabajo. En Argentina, en 1906 el diputado socialista Alfredo Palacios presentó un proyecto para establecer la jornada legal de 8 horas de trabajo, proyecto que ni siquiera fue considerado por el Congreso Nacional: fue en 1929 que la Ley 11.544 estableció legalmente que “la duración del trabajo no podrá exceder de ocho horas diarias o cuarenta y ocho horas semanales para toda persona ocupada por cuenta ajena en explotaciones públicas o privadas, aunque no persigan fines de lucro”.

A partir de 1945-1956, durante el llamado Estado de bienestar o Estado keynesiano, la jornada legal de 8 horas de trabajo fue un pilar fundamental para sostener la convivencia pacífica entre trabajadores/as y empresarios/as en todo el mundo. Sin embargo, desde la última gran crisis capitalista global de 1973, las condiciones laborales de los/as trabajadores/as fueron empeorando y la inestabilidad, precariedad e informalidad aumentaron. “En el marco de la expansión y generalización de políticas neoliberales a nivel global entre fines de los años setenta y comienzos de los años ochenta, y como parte de un giro de política económica en los países centrales que tuvo en Ronald Reagan y Margaret Thatcher a sus dos exponentes visibles, la tercerización pasó de ser una forma de relación laboral subordinada y de alguna manera marginal dentro de un modelo de relaciones industriales que estaba fuertemente regulado por los derechos laborales y de seguridad social, y donde las relaciones entre patrones y trabajadores estaban mediadas por los convenios colectivos, a ocupar un rol central en las nuevas formas de contratación y regulación de las relaciones entre capital y trabajo”, señalan las científicas sociales Victoria Basualdo y María Alejandra Esponda en La tercerización laboral. Orígenes, impacto y claves para su análisis en América Latina (libro coordinado por Victoria Basualdo y Diego Morales, 2014, Siglo XXI). Argentina no fue ajena a este proceso histórico mundial: primero los gobiernos de la última dictadura militar (1976-1983) y posteriormente el de Carlos Menem (1989-1999) hicieron punta en la desregulación del mercado de trabajo y el consecuente desmantelamiento de derechos laborales.

A nivel mundial, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) aborda continuamente el deterioro  laboral y la informalidad desde una perspectiva que toma en cuenta tanto a trabajadores/as como a empresarios/as. En este sentido, analiza la subcontratación y la tercerización dentro de una amplia categoría en cuyo fondo se encuentra el crecimiento de la informalidad y la precariedad laboral: para la OIT todas estas modalidades de contratación no forman parte del “trabajo decente”. En “El trabajo decente y la economía informal”, la OIT afirma que el trabajo en la economía informal “no puede calificarse de ‘decente’ en comparación con el empleo reconocido, protegido, seguro y formal”, y al mismo tiempo define a la informalidad por no estar reconocida ni protegida dentro de los marcos jurídicos reglamentarios, donde “los trabajadores y empresarios informales se caracterizan por su alto nivel de vulnerabilidad” (informe de 2002 citado en el mencionado libro compilado por Basualdo y Morales). Es necesario precisar que la precarización de la fuerza de trabajo llega al extremo en las situaciones de esclavitud y trata de personas.

En su informe “Perspectivas sociales y del empleo en el mundo: Tendencias 2019” publicado en febrero de este año, la OIT sostiene que el principal problema sigue siendo el empleo de mala calidad: “millones de personas se ven obligadas a aceptar condiciones de trabajo deficientes”, lejos de las delimitadas en el “trabajo decente”.

El informe 2019 de la OIT sobre las perspectivas sociales y laborales revela que la situación en Argentina es preocupante: la informalidad laboral afecta al 47,2 % de las personas ocupadas en un contexto de recesión económica que seguirá durante todo el año 2019. Los datos aportados por la OIT se complementan con otros presentados desde Argentina. De acuerdo al INDEC, en 2018 la desocupación trepó al 9,1%, dos puntos más que en 2017, el guarismo más elevado desde 2005. Estos datos del INDEC se relacionan con los aportados por el estudio “Pobreza multidimensional fundada en derechos económicos y sociales. Argentina urbana: 2010-2018” dado a conocer por el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA). Según la UCA, en 2018 se registró “un importante incremento de la pobreza en un contexto fuertemente inflacionario y de estancamiento económico”. En la actualidad más del 30% de la población argentina es pobre, el valor más alto registrado durante la actual década. El informe de la UCA señala además que la pobreza estructural alcanza al 14% de los hogares de la Argentina.

Empleo de mala calidad y condiciones de trabajo deficientes por un lado, alta desocupación y pobreza extrema por el otro: la rueda de la historia pareciera devolvernos a 1886. Sin embargo, este 1ro de mayo de 2019 también nos devuelve el anhelo de que todo/a trabajador/a se desarrolle plenamente por medio de un trabajo decente.

El trabajo decente promovido por la OIT implica no sólo la generación de empleos formales protegidos y seguros sino también el logro de la erradicación de la pobreza, la inclusión social, el desarrollo integral de las personas y el fortalecimiento de la democracia.