24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
En el mes de agosto de 2002 se sancionó y
promulgó la Ley 25.633 que instituyó “el 24 de marzo como Día Nacional de la
Memoria por la Verdad y la Justicia en conmemoración de quienes resultaron
víctimas del proceso iniciado en esa fecha del año 1976”. El objetivo de la
norma es consolidar “la memoria colectiva de la sociedad”, generar
“sentimientos opuestos a todo tipo de autoritarismo” y auspiciar “la defensa
permanente del Estado de Derecho y la plena vigencia de los Derechos Humanos”.
En el año 2006 la fecha se incorporó al calendario anual de feriados nacionales
obligatorios no movibles.
Si bien en Argentina las dictaduras
militares se alternaron con períodos de democracia, la iniciada el 24 de marzo
de 1976 fue la más cruel y brutal de todas las padecidas desde 1930. En efecto,
todas las dictaduras tuvieron elementos en común (supresión de la democracia,
limitación de las libertades individuales, represión, detenciones ilegales y torturas),
pero la de 1976-1983 se caracterizó por haber ejecutado con sistematicidad una
aberrante práctica: la desaparición forzada de personas.
Ya la primera dictadura militar argentina,
iniciada el 6 de septiembre de 1930, había practicado la desaparición de
personas. El diario rosarino Democracia informaba el 22 de febrero de
1932: “En septiembre de 1930 desaparecieron varios obreros”. Uno de esos
obreros, el catalán Joaquín Penina que había sido detenido ilegalmente tres
días después de efectuado el golpe de Estado y fusilado el 11 de septiembre de
1930 en la ciudad de Rosario, sigue desaparecido.
La desaparición forzada es la negación más
flagrante de los derechos humanos, un delito de lesa humanidad perpetrado por
quien debería garantizar la vida y la plena vigencia de la libertad de las
personas: el Estado. Se trata de un imprescriptible delito de derecho
internacional definido por la ONU como “el arresto, la detención, el secuestro
o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del
Estado o de personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el
apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha
privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la
persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley” (Convención
Internacional para la protección de todas las personas contra las
desapariciones forzadas).
Dice el refrán popular que “un pueblo sin
memoria está condenado a repetir sus errores”. Para que la memoria siga siendo
un insumo vital de la democracia argentina se deben preservar archivos y
documentos, acelerar las causas judiciales pendientes y reforzar la enseñanza
de la historia reciente en todos los niveles de educación formal, entre otras
iniciativas. El cuidado de la memoria, base de la verdad y la justicia, es
responsabilidad del Estado y de todos los ciudadanos.
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