La energía como derecho humano y bien común
El derecho a una vida digna es, entre otros,
uno de los derechos establecidos en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, suscrita en 1948 por la mayoría de los países del mundo. Y esa
dignidad allí proclamada implica, entre otras muchas cosas, el derecho a vivir
en condiciones que permita a las personas desarrollarse con plenitud.
La ONU ha reconocido a los derechos
económicos, sociales y culturales (DESC) como derechos humanos, pues hacen a la
vida misma. Sin alimentación, vivienda, educación, salud y agua potable no es
posible la dignidad humana, es decir: los derechos de las personas están
anulados.
La vida digna es aquella que se vive en
libertad, trabajando y recibiendo una retribución en relación con la labor que
desarrollamos; y entre tantos otros atributos que implican una vida digna está
el vivir en una vivienda adecuada capaz de satisfacer las necesidades básicas
que tenemos los seres humanos: dormir cómodamente y al amparo de las acechanzas
climáticas, alimentarnos saludablemente, poder acceder a la salud y disfrutar
del ocio. Es decir, una vida digna, tal como lo expresa la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, incluye el acceso al agua, a la luz, a los
servicios que hacen a la posibilidad y al derecho de desarrollarnos como
verdaderos seres humanos.
Cuando hace pocas horas atrás el ex ministro
Juan José Aranguren expresó que el acceso a la energía no es un derecho humano,
no hizo otra cosa que ignorar no solo un deber fundamental que le corresponde
al Estado para con los ciudadanos -el de garantizar su bienestar- sino también
burlarse del desamparo y la extrema necesidad que padecen millones de personas
que en nuestro país no acceden -o acceden malamente- a los servicios más
elementales.
En tal sentido, la energía eléctrica es la
base de derechos básicos como acceso al agua potable, alimentación adecuada,
salud, vivienda digna y educación. Además de derecho humano, la energía es un
bien común. Así, por medio de la energía conservamos alimentos y medicinas; se
brindan servicios de seguridad y de telecomunicaciones; nos higienizamos y
esterilizamos herramientas de salud; etcétera.
La energía también facilita nuestro bienestar
social e individual. Como fuerza productiva, la energía mueve a la industria y
a la economía en su conjunto. Y también cumple una función social: ¿acaso la
energía en épocas de calor y de frío no acondiciona hospitales y escuelas? ¿Qué
ocurriría si, rigiéndonos por la maximización de la ganancia empresarial,
dejásemos hospitales y escuelas sin energía? ¿No sería un problema social el
analfabetismo y la enfermedad?
La energía es un derecho humano porque por medio de
ella las personas pueden tener una mejor calidad de vida, lo que otorga un piso
de igualdad y dignidad humana. Lejos de restringir el acceso a la energía, los
gobiernos deben generar políticas públicas para posibilitar que la misma llegue
a toda la población.
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